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Incumplimiento del régimen de visitas

En los procesos de separación o divorcio, es frecuente que los juzgados resuelvan asuntos relacionados con el incumplimiento del régimen de visitas recogido en la sentencia de divorcio por parte de uno de los progenitores. Las denuncias más frecuentes se refieren al incumplimiento del régimen de visitas o comunicaciones o estancias con los hijos. Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, estos incumplimientos pasaron de ser una falta leve a ser considerados delito, con todas las consecuencias que conlleva.

El incumplimiento del régimen de visitas se produce cuando, de manera reiterada, no se cumple con el acuerdo judicial. Evidentemente, los incumplimientos deben ser acreditados por la parte denunciante con pruebas o testimonios fehacientes. Ejemplos de incumplimiento del régimen de visitas serían casos como no recoger o llevar a los menores al colegio cuando corresponde, no acogerlos o entregarlos cuando corresponde, o impedir la comunicación con el otro progenitor en períodos de vacaciones.

Ambos progenitores deben tener claro que el régimen de visitas es independiente a cualquier otro acuerdo de la sentencia, por lo que no existe ninguna causa (excepto si es impuesta judicialmente) que pueda justificar el incumplimiento (deudas de pensión compensatoria, de alimentos o cualquier otra causa).

Con la anterior ley, cuando se producía un incumplimiento, el perjudicado presentaba una denuncia ante la Policía y se llevaba a cabo un juicio de faltas. Con la nueva Ley, cuando se produce un incumplimiento del régimen recogido en el convenio de divorcio o separación, se debe denunciar en el juzgado de familia que dictó la sentencia original y se debe acudir a juicio con abogado y procurador. Esto supone un importante cambio respecto a la ley precedente, ya que este nuevo mecanismo de denuncia supone un importante incremento de costes para el denunciante, aunque si finalmente ganase la demanda el condenado sería condenado en costas.

El régimen de visitas

El artículo 94 del Código Civil español establece que: “El progenitor que no tenga consigo a los hijos menores o incapacitados gozará del derecho de visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. El Juez determinará el tiempo, modo y lugar del ejercicio de este derecho, que podrá limitar o suspender si se dieren graves circunstancias que así lo aconsejen o se incumplieren grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial”.

El derecho de visitas, implica el derecho a visitarlos, pero también a comunicarse con ellos y a tenerlos consigo cuando le corresponde. Uno de los problemas más comunes es la obstaculización de un progenitor custodio al no custodio para cumplir el régimen de visitas. Ante este problema, se puede recurrir por la vía civil interponiendo una demanda ejecutiva y solicitando el cumplimiento del régimen y una multa al que incumpla.

¿Qué hacer ante el incumplimiento del régimen de visitas?

Cuando un progenitor impide el normal cumplimiento del régimen dictado por un juez en la sentencia de divorcio, es necesario tratar de dejar constancia de los incumplimientos mediante testigos, mensajes, correos electrónicos o cualquier otro medio legal. Una vez se reúnen las pruebas necesarias:

  1. El primer paso es presentar una demanda de ejecución en el juzgado de familia que resolvió el caso. En esta demanda se presenta todas las pruebas con las que se cuenten y se solicita al juez que requiera a la parte contraria a cumplir con sus obligaciones.
  2. Si no se obedece al requerimiento judicial, el progenitor incurrirá en un delito tipificado en el Código Penal que conlleva una pena de multa.
  3. Una opción para demostrar los incumplimientos consiste en solicitar al juzgado que la entrega de los menores se produzca en un punto de encuentro familiar. De esta forma, si se siguen produciendo los incumplimientos, puede acreditarse que no se pone ninguna traba por la parte denunciante a la normal entrega o recogida de los menores.
  4. Si en este punto se siguen produciendo los incumplimientos, debe presentarse demanda en el juzgado de familia, al que debe acudirse con abogado y procurador.

Más allá de los aspectos legales que conlleva un proceso de este tipo, lo más sensato es poner a los menores por delante de las diferencias personales entre ambos progenitores y valorar las consecuencias psicológicas sobre ellos de este tipo de disputas en un momento en que su mente se está desarrollando.

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